A falta de una nueva ley de inmigración, como quieren la derecha y la ultraderecha en Francia, el ministro francés de Interior, el conservador Bruno Retailleau, va construyendo su propia norma a base de circulares que manda a las delegaciones del Gobierno para restringir cada vez más los derechos de los inmigrantes y extranjeros residentes en el país. La última, después de la que endurecía los controles en las fronteras, busca contener el número creciente de naturalizaciones, aumentando las exigencias a la hora de comprobar que los solicitantes estén integrados en Francia. Es decir, el conocimiento de la lengua, la adscripción a los valores de la República y el no depender de ayudas sociales.
La circular, que Retailleau presentó este lunes durante una visita a la ciudad de Créteil, en las afueras de París, en la Prefectura (delegación del Gobierno) del departamento de Val de Marne, y cuyo contenido fue adelantado por Le Figaro, supone un endurecimiento en la aplicación de una ley sobre la inmigración adoptada en 2024. “Para poder ser acogido en la comunidad francesa, el demandante debe demostrar a la vez su asimilación en la comunidad francesa y, en particular, su plena adhesión a los principios y valores esenciales de la República; mostrar un comportamiento respetuoso de nuestras leyes, sobre todo las que rigen las condiciones de entrada y de residencia de extranjeros en Francia y, por último, justificar una autonomía financiera duradera”, escribe el ministro.
La deriva ultraderechista de Retailleau, en parte en su ADN ideológico, hay que enmarcarla también en su doble campaña electoral. En primer lugar, se postula como nuevo presidente de Los Republicanos en una elección que determinará el rumbo de un partido que trata de levantar cabeza ante el aplastamiento sufrido por el Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen. Y, en segundo lugar, Retailleau también observa el horizonte de las elecciones presidenciales de 2027, para las que muchos creen que podría ser un buen antídoto contra la extrema derecha, cuyos postulados no quedan tan lejos de sus principios.
El ministro del Interior se justifica indicando que hubo un aumento del 8% en las nacionalizaciones en 2024 con respecto a 2023 (ese dato también incluye a europeos). Ahora, el texto pretende intervenir en las demandas en las que su departamento es competente. Es decir, en las que afectan a los extranjeros que llevan años viviendo en Francia, así como a los que piden convertirse en franceses por haberse casado con un francés o por ser hijo o hermano de un francés.
Retailleau aseguró que la “circular es una ruptura, pero no con el derecho francés”. “Convertirse en francés debe ganarse, y tenemos que ser muy, muy exigentes. Apoyamos la nacionalidad y la ciudadanía francesas no solo en la ascendencia, sino ante todo en un sentimiento de pertenencia”. En enero había revisado también la circular Valls sobre las condiciones de regularización de los extranjeros sin papeles en Francia.
El pasado año fueron más de 66.000 personas las que obtuvieron así la nacionalidad francesa (de un total de unas 100.000). El ministro conservador les dice ahora a los prefectos que cuando recopilen informaciones “desfavorables” sobre el demandante, se priorizará una respuesta negativa a la demanda. También les pide que las rechacen cuando procedan de inmigrantes en situación irregular o que han sido objeto de una orden de expulsión no ejecutada.
Otro de los criterios será la inserción profesional del extranjero, que deberá examinarse sobre un periodo de cinco años, en los que tendrá que demostrar haber tenido “recursos suficientes y estables”, y eso “al margen de las prestaciones sociales” de las que haya podido beneficiarse. Retailleau señala que tendrán que rechazarse las solicitudes de personas cuyos ingresos proceden mayoritariamente del extranjero, ya que “esa situación demuestra que no han transferido totalmente a Francia el centro de sus intereses”.
